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Defensoría del Pueblo recomienda política integral contra minería ilegal

La Defensoría del Pueblo recomendó impulsar una política integral en contra de la minería ilegal, teniendo en cuenta la afectación que este tipo de prácticas genera en las comunidades. Para la entidad, uno de los enfoques principales en esta propuesta debe ser garantizar los derechos humanos de los afectados.

Las recomendaciones fueron entregadas a las autoridades nacionales como la vicepresidencia de la República, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera y a la Fuerza Pública, entre otras entidades, en el Informe Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo, elaborado por la Defensoría del Pueblo.

En el informe, también se habla de las disputas entre grupos armados ilegales como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc, con el fin de controlar el narcotráfico y la minería ilegal en las zonas mencionadas. Y, en consecuencia, recomienda a las autoridades adelantar acciones deprevención y protección dirigidas a las poblaciones vulnerables dentro de las cuales, según la entidad, se encuentran grupos en estados de vulnerabilidad como indígenas, afrocolombianos, campesinos y pobladores rurales.

“La violencia en contra de la población civil en estas zonas tiene una relación directa con economías ilegales. Los actores armados usan métodos como los asesinatos y el desplazamiento forzado para mantener el control del territorio”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Negret.

De igual forma, con respecto a la problemática de minería ilegal, la Defensoría del Pueblo recomendó ejecutar intervenciones en zonas para controlar estas prácticas ilegales. Además, de atender oportunamente los llamados y alertas tempranas emitidas por las distintas entidades con presencia en el territorio.

Dentro del informe se recomienda identificar las características de las explotaciones mineras para diseñar medidas que permitan erradicar explotaciones ilegales y resolver la situación económica de mineros migrantes y de la población vulnerable en general.

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