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Una ‘joya’ para la economía colombiana, esa es la minería bien hecha.

En total de 8.000 solicitudes de títulos mineros están haciendo fila ante las autoridades del sector, para obtener los respectivos permisos de exploración y explotación en Colombia. Los que sean aprobados, se sumarán a los 7.935 que están vigentes, de los cuales, solo el 2,35% está intervenido –es decir en explotación–, lo que significa que si se unen todas las zonas en producción apenas equivalen a una extensión similar a la de todo el departamento de Sucre.

El interés por la obtención de permisos indica que en Colombia se está avanzando en el propósito de hacer minería legal desde el nacimiento de las empresas.

Y hay otro dato clave: según cifra de la Agencia Nacional Minera (ANM), el 41% corresponde a materiales de construcción, seguido de oro y metales preciosos, otros minerales, carbón y esmeraldas.

En otras palabras, se puede decir que la minería colombiana, a pesar de que apenas pesa el 2,1% del Producto Interno Bruto, es una actividad prioritaria para el desarrollo. Solo el año pasado, generó regalías por 2,5 billones de pesos, que se invierten en obras para las regiones. La mayor parte de estos recursos provienen de las empresas de pequeña minería. Los proyectos grandes los explotan 28 compañías y buena parte de ellas son de capital extranjero.

La importancia del sector radica en que sus productos hacen parte de la vida diaria de los colombianos, bien sea porque dependen económicamente de esta actividad, viven ancestralmente de ellas, laboran en minas, transportan los productos, los comercializan, se benefician de los ingresos por exportaciones y hasta los usan a diario. El caso más evidente es el de los materiales de construcción que se demandan en proyectos de vivienda de todos los estratos, edificaciones, carreteras e infraestructura, mezclados con otros minerales como hierro, acero y cobre.

HACERLO BIEN

A pesar del evidente beneficio social generado por este sector, la sociedad vive enfrascada en una discusión sobre un impacto ambiental que nadie niega.

Sin embargo, pocos saben o aceptan que el país cuenta con una regulación tan estricta, que los propios inversionistas nacionales y extranjeros estiman que las normas son tan rigurosas que no es negocio ejecutar proyectos en el territorio nacional.

“Nadie está en contra de que en el país se haga minería, pero hay que hacerla bien”, afirma la viceministra de Minas, Carolina Rojas Reyes. “La minería colombiana cumple con estándares internacionales, está regulada y tenemos un reto grande de atacar la explotación ilícita”.

La realidad es que Colombia no está atravesando por una emergencia ambiental por culpa de este sector, como lo creen algunos. El daño lo hace la minería ilegal. Por eso, el Gobierno presentará este año un proyecto de ley que le dará más herramientas al Estado para luchar contra la explotación ilícita.

“Aquí se respeta la gran minería, la tradicional y la artesanal, y los acompañamos para que cumplan con las normas y se formalicen. Estamos luchando de manera frontal contra la minería ilegal. No podemos desconocer que hay ríos y zonas muy afectadas porque grupos al margen de la ley ingresan hasta maquinaria amarilla a las fuentes de agua, usan mercurio y contaminan. Estas son personas que no tienen permiso de operación, no cumplen con las normas de protección de la vida y de los recursos naturales. Son ilegales que incluso mezclan esta actividad con otras que también están por fuera de la ley”, asegura la viceministra.

SUBSISTENCIA

Pero hay que diferenciar entre la minería ilegal y la artesanal. No hay discusión sobre el rechazo a la ilegalidad. Sin embargo, existe la actividad de subsistencia que es una producción muy pequeña y con bajo impacto sobre el medio ambiente.

El Gobierno ha venido avanzando en planes de formalización de los mineros artesanales, que en algunas zonas incluye a buena parte de su población, como La Guajira, Chocó y el Pacífico. Muchos de estos proyectos son minas con municipios y no municipios con minas.

“Lo que siempre buscamos es que esta actividad se desarrolle bajo condiciones de seguridad y respetando las normas ambientales. Para ello se ha fortalecido la fiscalización minera, respetando los parámetro internacionales”, sostiene la viceministra Rojas. De acuerdo con la funcionaria, la explotación de minerales en Colombia no se puede hacer sino está dentro de la llave minera de la seguridad de las personas y lo ambiental.

“Todos los frentes de explotación del sector tienen impactos ambientales, pero estos se pueden mitigar o compensar. Por eso el licenciamiento es fundamental, porque allí se establecen los compromisos de los inversionistas, lo cuales se deben cumplir a cabalidad.

TRÁMITES ELECTRÓNICOS

Entre las estrategias para impulsar el sector, el Gobierno invirtió en sistemas tecnológicos para permitir que los mineros puedan realizar hoy buena parte de sus trámites de manera electrónica.

En octubre próximo se implementará el nuevo sistema de gestión minera integral, que actualiza el catastro minero. Ahí la gente puede ver todas las regiones del país y su situación minera. Esto le da más transparencia y posibilidades de resolver la conflictividad social.

La minería es un negocio rentable, pero costoso, que requiere de inversión porque los requisitos son altos, para poder cumplir con los mínimos en seguridad minera y el medio ambiente.

 

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