Blog

El conflicto social de la minería en Perú

Los protagonistas de los conflictos sociales provocados por la minería en Perú pueden haber cambiado pero el guion sigue siendo el mismo: comunidades indígenas que rechazan a las empresas que quieren explotar los minerales que hay bajo su territorio. Aquellas no confían, temen las mala prácticas de esta actividad extractiva -que da empleo a más de 250 mil trabajadores en el país, y que representa el 59% de nuestras exportaciones, según el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)- contaminen sus lagunas, sus suelos y sus cuerpos, o que el canon minero (50% del impuesto a la renta que pagan las mineras) no llegue a beneficiarlos.

En su último Reporte de Conflictos Sociales (noviembre de 2019), la Defensoría del Pueblo registró 81 focos de protestas vinculados a la minería, sobre todo en Áncash, y en la macro región sur. En el primer semestre vimos cómo las poblaciones aledañas al Corredor Minero del Sur, en Cusco, bloquearon la carretera por el daño a la salud que ocasionaba el tránsito de camiones con desechos mineros. La pugna aún está latente, los enfrentamientos entre la policía y la población han dejado varios heridos.

Aunque este año primaron las noticias sobre los desencuentros entre el Ejecutivo y el Congreso, los conflictos mineros no han dejado de estar presentes en la coyuntura. “Así como somos uno de los principales países productores de cobre, oro, plata, plomo y zinc en el mundo, también somos los principales productores de conflictos mineros a nivel mundial”, advierte, en su último informe, el Observatorio de Conflictos Mineros de la oenegé CooperAcción.

¿Llegaremos a revertir este escenario? ¿Es posible una minería en la que primen las buenas prácticas? Miremos las experiencias del primer mundo.

Una minería ejemplar

Canadá es un país minero como Perú. Su enorme potencial geológico lo ubica en la lista de los diez países productores de minerales y metales del mundo. Explota uranio, níquel, aluminio, y cobalto, pero su éxito no radica solo en la exportación de materia prima. Alrededor de esta actividad extractiva se ha formado una industria consolidada. Algunas de sus mineras son transnacionales y tienen proyectos en varias partes del mundo. La minería es, por lo tanto, la fuente esencial del PBI del país, y la que da más trabajo a sus poblaciones indígenas.

Sí, al igual que en Perú, allá también hay pueblos originarios (representan el 4% de su población), y según afirma en un artículo la socióloga María Sol Delgado: “La actividad minera canadiense ha logrado compatibilizar el desarrollo económico con los derechos de la población […] se caracteriza por ser uno de los casos más conocidos de buenas prácticas en la actividad minera a nivel mundial” ¿Podríamos sacar lecciones de su experiencia?

El subdirector de CooperAcción, José De Echave, reconoce los pasos innovadores que ha dado Canadá: A) El concepto de licencia social (la aceptación de la población para que se inicie un proyecto minero) fue acuñado por sus líderes empresariales; B) Allá se implementaron los primeros acuerdos de impacto y beneficios entre las mineras y las poblaciones originarias, incluso, algunas tuvieron participación como accionistas en algunas empresa; C) Una reforma que generó espectativa fue la creación de la Defensoría del Pueblo Canadiense para la Empresa Responsable, que canalizaría las quejas contra las mineras canadienses dentro y fuera del país, sin embargo aún no termina de ser implementada.

“Idealizar el modelo canadiense sería un error -advierte el economista-, allá también persisten los desastres ambientales y los conflictos sociales. Lo que tienen a favor, con seguridad, es la existencia de instituciones más fuertes para enfrentar esos problemas en comparación al Perú”.

Para el profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Omar Narrea, el gran fuerte de Canadá es que las comunidades indígenas pueden negociar de igual a igual con las mineras en comparación a sus pares peruanos: “El Estado ha invertido en su educación y desde hace décadas los ha dotado de un nivel superior de información, negociación y empoderamiento. Hay que sacar una lección de esto, pues si el Estado invierte en infraestructura y desarrollo social habrá un mejor escenario para que el proyecto minero se desarrolle sin sobresaltos”.

Maldición y bendición

Para saber a ciencia cierta cómo se configura el modelo minero del país norteamericano, nos comunicamos con Kirsten Francescone, activista de MiningWatch Canada, una asociación sin fines de lucro que tiene 20 años monitoreando la actuación de las mineras. Enfática, dice que en Canadá no todo es color de rosa: “En 2014 la minera Imperial Metals protagonizó el peor desastre medioambiental de la historia canadiense. El dique de relaves de Mount Polley colapsó y más de 25 millones de metros cúbicos de desechos (equivalente a 10,000 piscinas olímpicas) fueron descargados en un lago en el que varios pueblos de la zona pescaban salmones. Hasta hoy no ha habido ninguna multa ni sanción”.

La también magister en Antropología y Economía Política menciona, además, que actualmente hay más de 10 mil minas abandonadas en su país que no tienen empresa ni dueño que se encargue de la remediación ambiental. ¿En realidad Canadá es la panacea de la buena minería?

En el Perú hay más de 90 mineras provenientes de ese país, y algunas se han visto envueltas en conflictos con las poblaciones de su zona de influencia. La relación entre la comunidad de Tacraca en Cusco y la minera Hudbay Minerals, propietaria del proyecto Constancia, por ejemplo, aún es tensa.Según, Francescone, esta se caracteriza por criminalizar la protesta. Su compañera, la reconocida defensora de derechos humanos, Jennifer Moore, fue detenida por la policía y deportada a su país, en 2017, por proyectar un documental sobre los excesos de la minera Hudbay en los territorios donde opera.

Otro caso es el de Bear Creek Mining que demandó al Estado Peruano cuando este anuló la concesión minera del proyecto Santa Ana por el gran rechazo que causó en la población. A la fecha, tenemos que pagarle millones de dólares a la empresa como indemnización. Como se ve, las mineras canadienses han cometido excesos tanto en su país de origen como en el exterior.

En medio de las críticas a las malas prácticas del sector minero, Carlos Diez Canseco, ex gerente general de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SMMPE), se presenta como una voz disidente. Tras la experiencia de Las Bambas, que terminó con un acuerdo entre el Estado, la minera y las comunidades indígenas, el economista cree que estas han desarrollado la capacidad para negociar. Además, cita al último reporte del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas: “De las cinco provincias con mejor índice de desarrollo en Perú, tres están vinculadas a la minería”.

¿Una maldición o una bendición? Parece que la minería representa las dos opciones. “Lo que debe haber es un Estado fuerte que regule, fiscalice y que ponga altos estándares sociales y ambientales a las mineras, no creo en su autorregulación”, finaliza José De Echave.

La República

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *