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Zonas indígenas, afectadas por la minería ilegal

La contaminación con mercurio causada por la minería ilegal en la región amazónica de Colombia amenaza el bienestar de las comunidades indígenas, que han presentado acciones legales contra el gobierno.

En noviembre, un grupo de comunidades indígenas afectadas presentó una demanda contra el gobierno en un tribunal superior de Bogotá, en la que alegan que se han violado sus derechos fundamentales, informó El Espectador.

Las comunidades afirman que el gobierno, por acción u omisión, ha permitido la minería ilegal y el vertimiento de mercurio que ha dado lugar a una crisis humanitaria que afecta a unas 66 comunidades indígenas.

“Aunque [la contaminación por mercurio] es reconocida por el Estado, se ha ignorado de manera negligente”, afirmó la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC).

El mercurio es de uso frecuente en pequeñas operaciones de minería de oro para extraer el oro de la mina y para hallar pepitas de oro mezcladas en sedimentos. Este elemento químico es tóxico para los humanos y puede tener efectos devastadores en el medio ambiente.

Al menos desde 2014 se conocen denuncias sobre contaminación por mercurio en el río Caquetá, así como en las vías fluviales de Apaporis y Cotuhé. Un estudio realizado por el servicio de parques naturales, el Ministerio del Medio Ambiente y la Universidad de Cartagena, identificó un contenido de mercurio inusualmente elevado en 17 especies de peces del río Caquetá.

Otro informe de entes gubernamentales y Corpoamazonia también halló que el umbral de concentración de mercurio en el cabello de los habitantes de las cuencas de los ríos Caquetá, Apaporis y Cotuhé excede el establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

También se detectaron altos niveles de mercurio en niños menores de 2 años, que indican que la leche materna presenta un alto contenido de mercurio, según la revista Semana. También se ha reportado un incremento de los nacimientos de bebés con defectos y enfermedades congénitas a lo largo del Caquetá. Los síntomas de envenenamiento con mercurio en estas poblaciones incluyen taquicardia, fatiga, debilidad y menor fuerza muscular.

La OPIAC alegó que el problema no es tanto que el gobierno no tenga los recursos económicos, sino que le falta la voluntad para afrontar el problema. “El actual gobierno no tiene la voluntad de atender la situación de los pueblos indígenas, pero sí demuestra su interés para hablar en escenarios internacionales sobre la protección de la Amazonia y sus habitantes”, señaló la organización indígena.

Análisis

Los efectos de la contaminación por mercurio en los grupos indígenas de Colombia reflejan un problema creciente en lo que respecta a la devastación ambiental causada por la minería ilegal y otras economías criminales, así como los desafíos que los gobiernos enfrentan para combatirla.

En agosto de 2019, el gobierno colombiano ratificó la firma de la Convención de Minamata, un acuerdo internacional para detener la producción, importación y exportación de productos que contengan mercurio, con el fin de reducir el uso interno de este elemento en 180 toneladas anuales, y declararse libres de mercurio para 2023. Dado que cerca del 55 por ciento del mercurio usado en Colombia se utiliza para la minería de oro, el cumplimiento de esa meta depende en gran medida de la capacidad del gobierno para controlar la minería aurífera, en especial la de carácter ilegal.

Aunque las grandes operaciones mineras legales no usan mercurio, este es común en operaciones pequeñas e ilegales que carecen de la capacidad, los recursos y los incentivos para adoptar alternativas más seguras y limpias.

Las tentativas de regular la contaminación con mercurio generada por la minería en Colombia han sido ineficaces. En 2014, La Corte Constitucional expidió un fallo para proteger los territorios indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, mediante la exigencia de inspecciones de licencias mineras. Pero la nueva regulación desató un aumento de las operaciones mineras ilegales, no reguladas. Dos años después, en 2016, los grupos indígenas de la Sierra Nevada solicitaron que se hicieran extensivas las regulaciones a la pequeña minería. A la fecha, el fallo está pendiente.

Al parecer, la capacidad del gobierno de proteger el medio ambiente y a las comunidades vulnerables de las actividades del crimen organizado radica no en las regulaciones ambientales, sino en su capacidad de aplicar medidas de fuerza contra las operaciones criminales.

Fuente: Insight Crime

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